Declaración


Sin títuloLa policía política vuelve a la carga. Esta vez contra el Gestor de Consenso Constitucional Juan Carlos Alayo Reyes.

El joven Gestor, residente de Antilla, provincia de Holguín, fue fuertemente amenazado y se le advirtió que podría restituírsele una Medida Cautelar que le fue impuesta, y luego retirada ante la falta de evidencias por una supuesta intimidación.

El motivo vuelve a ser la creciente identificación de los ciudadanos con la demanda de una Asamblea Constituyente en Cuba, directamente elegida por los ciudadanos sin mediaciones políticas e ideológicas, para avanzar una nueva Constitución participada desde abajo por la ciudadanía constituyente.

Alayo Reyes ha establecido récord en la recogida de firmas, es uno de los gestores más activos del programa 10 en 72 y todo ello preocupa profundamente a las autoridades.  También, la aparición de volantes en la comunidad relativos al Consenso Constitucional.

Lo que nos interesa recalcar es el permanente desconocimiento y burla de las leyes por parte de las autoridades. Ello es más preocupante aún porque supone la ignorancia por parte del gobierno de su propio ordenamiento jurídico. Cuando Alayo Reyes dijo a los agentes de la policía política: “yo estoy dentro de la Ley, ustedes fuera”, los agentes lo reconocen y reiteran, no obstante, sus amenazas.

Nos gustaría recordar una vez más que los Artículos 3, 63 y 88, (inciso g) de la Constitución vigente garantizan la libertad de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, y que los Artículos 286.1, 286.2, 291.1, 291.2 y 292.1 del Código Penal actual penalizan los delitos contra la libertad personal y regulan la libertad de los ciudadanos de ejercer sus derechos.

Sería bienvenida por la ciudadanía que el gobierno pusiera de acuerdo a todos sus funcionarios con la voluntad expresada recientemente en los medios de comunicación oficiales de trabajar por promover y hacer respetar el ordenamiento jurídico del país, que comprende la posibilidad de impulsar iniciativas para cambiarlo, siempre en sintonía con el principio reconocido de que la soberanía reside en los ciudadanos, no en el Estado.

En todo caso, y en todos los casos, Consenso Constitucional acudirá a la fiscalía y a los tribunales para que, como establece el orden jurídico del país, velen por el cumplimiento de la legalidad vigente.

Gestores Consenso Constitucional   

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