Entre retornos y aspiraciones


Publicado por: Tania Chappi

Un nuevo Último Jueves tuvo lugar en la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Esta vez la revista Temas impulsó el intercambio de criterios en torno a “20 años. La reforma constitucional de 1992”. Según los presentes, los cambios realizados entonces a la Constitución fueron positivos, pues se flexibilizó la política económica, se elaboró una Carta Magna menos deudora de postulados del socialismo soviético, más acorde a las realidades y a la identidad cubanas. No obstante, afirmaron también, las transformaciones resultaron insuficientes y, debido al “proceso de actualización” por el que en estos momentos transita la Isla, cada vez lo son más. Por lo tanto, al decir de los panelistas, Cuba necesita volver a reformar su Constitución, e incluso, señalaron algunos, elaborar una nueva. Asimismo, expertos y público coincidieron en que los postulados de la Ley de leyes suelen desconocerse y violarse.

Desde el auditorio se formularon interrogantes como: ¿Qué tópicos deberá reflejar un nuevo proyecto constitucional? ¿Qué pasos se van a dar, a tono con las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado, en cuanto al marco jurídico para ellas?  Igualmente: ¿Por qué no funcionan los mecanismos que están en la letra de la Constitución y cómo se relacionan estos con otros mecanismos de poder como leyes complementarias? Otro de los asistentes se interesó por el hecho de que si los juristas y sociólogos cada vez hacen más referencia al emergente constitucionalismo democrático latinoamericano y Cuba se halla dentro del contexto del ALBA, eso ejercería alguna influencia en una futura reforma constitucional.

No me agradan las reseñas periodísticas que describen el traje y escamotean el alma —práctica tan en boga y de la cual tampoco yo he podido escapar—, y, por lo tanto, cederé el espacio a los protagonistas de esa tarde. Fueron ellos Rafael Hernández, director de la revista Temas, moderador del encuentro; Orlando Cruz, Dr. en Ciencias Históricas, investigador en el Instituto de Filosofía; Julio César Guanche, jurista e investigador; Ulises Aquino, cantante y director de la Ópera de la Calle; y una nutrida concurrencia, jurisconsultos incluidos, que desafió un verdadero diluvio para acudir a la cita.

Rafael Hernández comenzó con un viaje en el tiempo: “¿Cómo eran las cosas hace 20 años? Tuvieron que ver con el IV Congreso del Partido en octubre de 1991, uno de cuyos acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional del Poder Popular una reforma de la Constitución de 1976. La Asamblea la sometió a reforma en 1992 y aprobó un texto constitucional nuevo. Según las estadísticas de entonces, en aquella sesión del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron 296 intervenciones de diputados, que dieron lugar a correcciones. La nueva versión de la Constitución suprimió 16 artículos presentes en la de 1976, se modificaron 64 y se introdujeron 13. En consecuencia, la mayor parte del texto constitucional fue modificado de manera parcial o total”.

¿Por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional en 1992?

 Julio César Guanche: “Se reformó por una serie de causas interrelacionadas, entre ellas el agotamiento del modelo constitucional del 76, y las condiciones socioeconómicas que Cuba tenía a mediados de los años 80.

“Entre las promesas del modelo del 76 se hallaban promover la participación, permitir mayor control de la población sobre las decisiones estatales y descentralizar y desconcentrar el poder estatal. A mediados de los 80 se empiezan a ver y a denunciarse múltiples problemas: institucionalidad hipercentralizada, persistencia del verticalismo en la toma de decisiones, ausencia de debate de alternativas en espacios estatales, control social no organizado de la actividad legislativa; un control social expresado más bien como opinión del pueblo que como cauce institucional para dicho control, escaso desarrollo de los poderes locales.

“A la altura de 1986 Fidel inicia el Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Había señales de lo que algunos sociólogos cubanos llaman precrisis: decrecimiento de la productividad del trabajo, estancamiento de la calidad de la producción y los servicios, no completamiento de la industrialización, profundización de la dependencia y el endeudamiento externo de la economía cubana. A este escenario se sumó la caída del campo socialista y la crisis consecuente de los 90. Toda esa situación se recoge también en el llamamiento al IV Congreso del Partido de 1990. Y la reforma se convirtió en una necesidad.

“Se reformó más de la mitad de los artículos de la Constitución. La Carta Magna del 76 establecía que el texto constitucional se podía modificar sin referendo siempre que la reforma fuera parcial, no afectara las atribuciones de la Asamblea Nacional ni de su Consejo de Estado, y no afectara los derechos de la ciudadanía. La Asamblea Nacional entendió que nada de eso se afectaba y enmendó la Constitución, sin referendo, en el 92. “Entre otros aspectos, se modificó el régimen de la propiedad, se aprobó la inversión extranjera, se limitó la propiedad estatal a los medios fundamentales de producción, y se permitió indirectamente que los medios de producción estuvieran en manos de personas naturales, lo que creaba técnicamente la figura de la propiedad privada. También modificó la base social del Estado, tanto como su confesionalidad: ya no era un Estado de obreros y campesinos, sino ‘con todos y para el bien de todos’, y se comprometía con la no discriminación por motivos religiosos.

“También cambió la definición conceptual del Partido, en el 76 era ‘la vanguardia organizada de la clase obrera’ y ahora sería ‘el partido de la nación cubana’, una apelación a Martí  y a su partido. Se eliminó la referencia nominal al ‘centralismo democrático’ y a la ‘unidad de poder’ como clave de la organización funcional del Estado. La reforma planteó elecciones directas para todas las asambleas, eliminó la lista cerrada de las organizaciones sociales y de masas, por lo que podían crearse nuevas y estableció el estado de emergencia”.

Orlando Cruz: “La ley de leyes recoge y consolida logros, introduce tendencias, cambios ya presentes y lanza una mirada hacia el futuro previsible y deseable. Una Constitución es un marco jurídico esencial, no debe ser cambiada, salvo excepciones; pero en el panorama nacional e internacional aparecieron nuevos actores. Un aspecto es fundamental: se derrumbó el campo socialista, desapareció la Unión Soviética. Las condiciones externas cambiaron totalmente para Cuba. Había que establecer nuevas alianzas a nivel internacional, y eso debía reflejarse en la Constitución. Me parece que el documento no se propuso vigencia a largo plazo. Esas reformas estaban regidas por una coyuntura política interna y una geopolítica externa muy específicas, aunque después tuvieran un efecto de larga duración. Y no debemos olvidar la cercanía de los EE.UU. y su política sumamente hostil hacia Cuba; aunque esa realidad no debe paralizarnos a la hora de realizar cambios en la Isla.             

“Durante el Proceso de rectificación se habían dado algunos pasos que se detuvieron en septiembre del 90, cuando comienza el periodo especial. A la vez, había que preservar el carácter socialista de la Revolución cubana, en ese sentido hay preceptos intocables; por eso en la Constitución del 92 no se modifican algunos aspectos esenciales, pero sí se da una apertura. Esta Constitución muestra cambios fundamentales, pero no permite por ninguna vía transformar el sistema político en Cuba, ni sus subsistemas.”

¿Qué efectos tuvieron esas reformas sobre nuestra vida económica, política, en qué medida cambiaron el funcionamiento del país?                                                      Ulises Aquino: “Ni en la Constitución de 1976 ni en la de 1992 se incluyeron cambios que necesitaba el individuo, pues no reconocían determinadas libertades y derechos, me refiero en especial a los de las personas como entes individuales, más allá de los derechos sociales.

Julio César Guanche: “En lo institucional, varias transformaciones buscaron delimitar estado, gobierno y administración de justicia, se crearon los consejos populares en busca de potenciar participación desde la base, se eliminaron los comités ejecutivos de las asambleas municipales y provinciales para distinguir más entre estado y gobierno y se establecieron nuevas condiciones para la elección de jueces. En materia económica y social hubo muchos cambios: se autorizó el trabajo por cuenta propia en la esfera de los servicios, se viabilizó la existencia de mercados agrícolas con liberación de precios, se consagró la posibilidad de compartir la propiedad estatal con inversión extranjera. Se hizo una reforma tributaria.

“Esencialmente, no se modificó un valor muy presente en la cultura política con que se maneja el Estado cubano. Debo explicar que hay dos maneras de entender el uso de la ley: según una de ellas, la Constitución debe consolidar jurídicamente lo ya existente, es decir, el cambio se produce antes de promulgarse la ley: el cambio debe “madurar” y después ser consagrado por la ley. Otra visión, distinta, dice que las leyes deben regular los cambios y estos han de transcurrir dentro del marco que autoriza la legislación. En Cuba sobre todo ha prevalecido la primera forma. Eso trae varios problemas. Entre ellos el que se utilice muy poco la Constitución para lo que debe servir: como regla de derecho para delimitar el poder del Estado, para consagrar derechos ciudadanos, y para relanzar nuevos debates, programas y contenidos de libertad, justicia, dignidad. Porque se entiende la Constitución como una declaración de principios, no como un instrumento que permite regular la sociedad permanentemente. Dada esa razón, es muy raro encontrar, por ejemplo, menciones directas a la Constitución en un tribunal cubano. “Algo que tampoco se modificó del todo tiene que ver con el origen de la Constitución del 76. Aquella Carta Magna se ubica en el centro del constitucionalismo de raíz soviética —los textos publicados en Cuba en los años 70 decían que la nuestra era un modelo ejemplar dentro de esa corriente—. La reforma del 92 fue una gran crítica, una gran impugnación a aquel constitucionalismo, pero todavía permanecen ciertas prácticas y no siempre se reconoce su origen. En cuanto a los derechos individuales y sus garantías, la Ley de leyes del 76 seguía la concepción soviética restrictiva que los consideraba nacidos de una matriz ‘burguesa’. Como partía de este principio: ‘el estado socialista siempre hará el bien’, no se necesitaban demasiados mecanismos para defender de modo individual a los ciudadanos. Creo que en el 92 no se avanzó, por ejemplo, de modo sustancial en una nueva argumentación en este campo.”

Orlando Cruz: “En el plano social la reforma fue importante, porque, digamos, en el interior del país teníamos un discurso incoherente respecto a los religiosos, diferente al que utilizábamos hacia el exterior y necesitábamos reconocer a los creyentes, pues ellos seguían dando su apoyo a la Revolución. Es cierto que la necesidad de defender la nación incidió en que se hiciera hincapié en los derechos y potestades sociales generales, mientras lo individual quedaba relegado. Toda Constitución está imbuida de la mentalidad, del espíritu de su época. Y existen grandes contradicciones, más cuando hay un partido único y el país estaba en una etapa de sobrevivencia.

“En lo económico, vino la introducción de diversas monedas. Además del reconocimiento al ‘cuentapropismo’, me parece que hubo una apertura a la cooperativización. No obstante, a veces lo establecido no se cumple por falta de suficientes leyes complementarias. A partir de 1992 son tantos los cambios introducidos en el país que ya hubiéramos podido hacer una nueva Constitución, lo que no es posible, porque un texto constitucional no se crea cada 10 años. En EE.UU., por ejemplo, la Constitución no se ha cambiado en más de 200 años.

“Gracias a las transformaciones de 1992 hubo una mayor participación democrática. En la Constitución incluso se admitía que 10 mil firmas podían llevar a una discusión en la Asamblea Nacional. El 50 porciento de la Asamblea Nacional se constituyó con delegados de base. Al crearse los Consejos Populares, surgió un eslabón intermedio, que supuestamente debía permitir que la participación directa del pueblo fuera más amplia. Pero una cosa son los deseos y otra la práctica. La Asamblea puede hasta revocar al presidente del Consejo de Estado. Por ley ella elige a ese Consejo y está facultada para cambiarlo. Es un régimen parlamentario fuerte; sin embargo, lo estipulado no se cumple y el poder ejecutivo domina a la Asamblea.                                                          “También es importante lo siguiente: este es un sistema socialista, tenemos que defender la unidad del país. Y el Partido sí es rector o tiene el papel de ser el dirigente de la sociedad, todos deben verse representados por él.”

¿Es necesaria una nueva reforma constitucional? ¿Cuáles áreas específicas han de modificarse? ¿Qué papel corresponde a la Constitución en las transformaciones del país?                                                                                                                       Rosa Álvarez: “Hay que hacer reformas en el sistema electoral, en el concepto de participación transformadora del ciudadano. Participar no es asentir, sino construir políticas en conjunto. ¿Se encuentran preparadas las políticas educacionales para crear un ciudadano realmente participativo, con incidencia en la construcción de su país? Me respondo que no, que no estamos creando esos individuos, porque para participar hay que opinar, y para opinar hay que conocer, y eso implica un pensamiento crítico”. Amalia Pérez: “Algo que quedó pendiente en la reforma del 92: ese mismo año decía Juan Escalona Reguera sobre el artículo 4, acerca del funcionamiento del Poder Popular, que debía perfeccionarse la función legislativa de las asambleas. Señalaba Escalona que existía la práctica de regular acciones de importancia económica y social no a través de leyes, como debía ser, sino a través de decretos leyes, que es la norma que dicta el Consejo de Estado.

“En estos momentos, por ejemplo, la reforma migratoria modifica una ley, pues se hizo por decreto ley, y eso implica que tal cambio no lo efectuó la Asamblea Nacional; que no discutimos cuál era el cauce necesario para la política migratoria. Es, además, el decreto ley 306, lo cual implica que se triplica la cantidad de decretos leyes en relación con la cantidad de leyes emitidas desde el año 76, que son 113. Esta práctica atenta contra lo afirmado en la Constitución: que la Asamblea es el órgano supremo del poder del Estado.”

Ernesto Abel López: “Hoy se habla mucho de la crisis de institucionalidad, y en el centro de esa crisis está el estado del derecho en Cuba. Un gran problema es la conexión que debe haber entre la Constitución como Ley de leyes y todo el entramado legislativo. ¿Cómo lograr que se reconstruyan esas relaciones adecuadamente? Esto debe tenerse en cuenta en la futura reforma.

Ulises Aquino: “Nosotros no debíamos ni teníamos que salir a buscar pautas en otras constituciones que no pertenecían a nuestra identidad, a lo que habíamos cultivado desde la Asamblea Constituyente de Jimaguayú. Quiero referirme a la Constitución del 40. Debíamos haber modificado en ella múltiples elementos. Sin embargo, dice en el artículo 1: “Cuba es un estado, independiente y soberano, organizado como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. Mientras que el artículo 1 de nuestra Constitución actual declara: ‘Cuba es un estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos”.

“Expresa el artículo 5 de la Constitución actual: ‘El Partido Comunista de Cuba, martiano, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del Socialismo y el avance hacia la sociedad comunista’. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución del 40 señala que ‘la soberanía reside en el pueblo y de esta dimanan todos los poderes públicos’. “A mi modo de ver, el poder tiene que emanar del pueblo hacia el partido. Ese es el primer concepto que la Constitución debe aclarar.

  “Otro cambio necesario en la Constitución es que para ser soberanos como nación es obligatorio ser soberanos como individuos. Me refiero al derecho del ciudadano de poder escoger, elegir, no a los derechos que implican a la sociedad en su conjunto; para poner en práctica estos últimos ya existen métodos y mecanismos. En Cuba se hizo una Revolución que ha llegado a nuestros días gracias a todos nosotros. Por tanto, los 11 millones de cubanos tenemos derecho a esa Revolución y tenemos derecho a hacerle tantos cambios como necesite para que siga siendo Revolución”.

Orlando Cruz: “Aunque puede hacerse el ejercicio intelectual y político de comparar constituciones y preceptos jurídicos, estos análisis hay que realizarlos a partir de tener en cuenta los contextos histórico-concretos de cada época. La Constitución de 1940, en muchos de sus artículos, fue simple y llanamente letra muerta.

“Es indudable que es necesaria ahora una reforma de la Constitución, porque existen elementos políticos, sociales y económicos que lo demandan. El verticalismo no permite el empoderamiento popular. Mientras perviva la visión verticalista de dirigir la sociedad, por muchas organizaciones que se creen y por muchas facultades que se establezcan en una nueva Constitución, no funcionará. Si no hay empoderamiento popular, no hay en realidad participación.

“Haría falta una mirada a los procesos constitucionales que están ocurriendo o se están proyectando en América Latina, aunque no solo a ellos. En la mayoría de esos países aún no se ha decidido el vencedor en el empeño de derrocar al capitalismo y paralelamente construir un socialismo. Tenemos que ganar experiencia de esas prácticas en la educación popular, como la que proviene del brasileño Paulo Freire. Y en Cuba ya se están formando redes sociales. El surgimiento de tales redes no significa un riesgo, es una ventaja que debemos aprovechar para fortalecer nuestro sistema. Tenemos que pensar con cabeza propia.”

Julio César Guanche: “Primero, debemos reconocer que cuando existe distancia entre la ley y la práctica política que debe emanar de ella nos encontramos ante problemas de legitimidad. Amalia se refirió a un asunto muy importante: la diferencia entre ley y decreto resulta primordial, no solo en lo jurídico, es profundamente política. Tienen jerarquías diferentes, porque el sujeto de la primera es el soberano, el pueblo, que se expresa a través de la ley, y el sujeto del segundo es el gobierno, que se expresa a través del decreto. Con la diferencia entre ley y decreto se busca que el gobierno quede controlado y sometido a la soberanía. La ley tiene varias ventajas sobre el decreto: para elaborarla debe ser deliberada por los representantes directos del pueblo, debatiéndose en el Parlamento, dentro de ese debate deben representarse intereses diferentes y expresarse liderazgos, lo cual es fundamental en un proceso democrático. Todo lo que se haga por decreto, y no por ley, cuando sea materia de esta, no realiza estas ventajas.     “Regular mediante leyes, lo que sea materia de ellas, conllevará reformular el funcionamiento de la Asamblea, elevar la calidad y profundidad del debate parlamentario y el tiempo de sus sesiones.

“La defensa de los derechos individuales y el aumento de sus garantías es imprescindible y conlleva actualizar en la Constitución el catálogo de esos derechos. El existente en 1976 era amplio para la época, pero hoy está desactualizado respecto a los existentes en el mundo, igual sucede con las garantías. Para actualizarlos hay que modificar la manera de pensar. La tradición estalinista establecía una separación entre derechos burgueses y socialistas. En realidad no hay tal diferencia: no hay derechos burgueses, sino un uso burgués de los derechos. Todos ellos son necesarios para la democracia y el socialismo a partir de una visión interdependiente de los mismos.        “Quisiera leerles algo que está en la tradición cubana y que desapareció completamente de la argumentación sobre nuestros derechos, en el texto constitucional y en la práctica política. En los años 60 del siglo XIX, la fraternidad Masónica Gran Oriente de Cuba y las Antillas, la que influyó decisivamente en el pensamiento de Maceo, y en el de 1868 en general, preconizaba ‘la libertad de pensamiento, la libertad de examen, la libertad religiosa, la libertad personal, la libertad política, la libertad de reunirse, la soberanía de las naciones, la libertad de imprenta, la libertad de cambio, el habeas corpus, el juicio por jurado y la igualdad social’. Carlos Manuel de Céspedes defiende clara y explícitamente: ‘sufragio universal, gobierno elegido por el pueblo, enseñanza laica, derecho al levantamiento armado en defensa de la patria’. Lo mismo hace Ignacio Agramonte; lo mismo hace Maceo, quien defendía: ‘democracia republicana, libertad de conciencia, libertad de prensa, tolerancia política y religiosa y estado laico’.

“Hoy debemos mirar esa tradición, pero también al mundo entero y específicamente a América Latina. Ecuador, Bolivia y Venezuela, han hecho las constituciones que, entre otras, se conocen como Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Han apostado por un socialismo que procura el ‘estado constitucional de derecho’. Eso significa una relación completamente diferente entre socialismo y democracia respecto a la que conocimos en el siglo XX.

“Sí hace falta una nueva Constitución. Tiene que ser reformado en profundidad el mecanismo del Poder Popular. Desde 1991 el Partido, que dirige al Estado y a la sociedad, no se pronuncia sobre el Poder Popular, y han pasado 20 años. El control constitucional, cuyo mecanismo no se ha usado desde el 76, también necesita ser reformulado. Hay que buscar mecanismos de colegislación y de codecisión entre la ciudadanía y el Estado, que no se conciba la participación solo como asistencia y consulta, sino como intervención y decisión.

“Según la Constitución, la Asamblea Nacional es la única que puede convocar a un proceso de reforma. Uno de los cambios que precisa el texto constitucional es establecer que el primero con derecho a modificar la Constitución, y por ende a promover su reforma, es el soberano, el pueblo, directamente, por sí mismo.

“Muchas personas pueden sentir aprehensión en cuanto a qué va a pasar en Cuba con ‘tanta democracia’ como la que estamos defendiendo aquí, temen el descontrol, la desestabilización y algunos podrán pensar que hay ingenuidad en todo esto. Yo creo, por el contrario, que se trata de un reconocimiento de madurez: la única manera de defender el socialismo es profundizar la democracia.”

Rafael Hernández: “El panel ha sido excelente, sus integrantes han sostenido criterios diferentes y eso crea un arco luminoso que permite ver mejor. Los temas suscitados desbordan la cuestión de la reforma de 1992, y era de esperar. Muchos de ellos tienen que ver con la política. José Martí, que bebió del liberalismo radical y de los masones, ¿no luchaba contra el autoritarismo?, ¿no son algunas de sus cartas y los debates internos del Partido Revolucionario Cubano, un enfrentamiento a las corrientes autoritarias dentro de las filas de la Revolución?

“Quisiera terminar con una pregunta que me suscitó la intervención de Amalia: ¿Es solo relevante la deliberación que tiene lugar dentro de la Asamblea Nacional o también lo es la que ocurre en la esfera pública? En particular, ¿si una nueva legislación migratoria que no ha sido discutida y aprobada en la Asamblea Nacional, sí va precedida de una amplia deliberación en la esfera pública, puede decirse que no ha sido suficientemente debatida? Naturalmente, esas y otras inquietudes podrían dar lugar a nuevos paneles que nos permitieran transitar hacia nuevos debates”.

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