Carácter Monárquico de la Constitución de 1976


¿Por qué afirmo que, a pesar de la superficial y aparente semejanza entre ambas, la Constitución Cubana de 1976 es otra cosa bien distinta que la soviética de 1977?

Si la segunda define en teoría un régimen parlamentario, y en la realidad el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la nuestra, por su parte, más que uno presidencialista, prefigura uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es así que uno no se explica (bueno, en verdad uno si se lo explica…) que alguien tan agudo como el relevante jurista cubano, Julio Fernández Bulté, escriba en su ensayo “El proceso de institucionalización en Cuba” que, “la Constitución de 1976 nos aproximó, funcional y estructuralmente, a los países socialistas de Europa del Este y nos separó en cierta medida de nuestras tradiciones presidencialistas”. Porque en la realidad, más que en la teoría, y no “en cierta medida”, sino en una inusitada, la Constitución de marras fue más que presidencialista, monárquica, y ni tan siquiera a la manera de la Inglaterra del siglo XVIII, sino a la de la Francia de 1700, bajo el Rey Sol.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”, del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Solo la aceptación desprejuiciada de este carácter monárquico de nuestra Ley de Leyes, nos ayudará a comprender por qué, según lo expresa el catedrático Walter Mondelo en “Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano”, nuestra Carta Magna no ha podido consolidarse como el patrón de la constitucionalidad y la legalidad. En definitiva por qué la misma no es “usada regularmente como criterio para identificar el derecho válido y para fundamentar el deber de obediencia a sus normas”.

Apartándonos de divagaciones kelsenianas o hartianas, concebidas para no tener que ver lo evidente, sin perder prestigio académico de paso, el hecho de que aún se debata “si los decretos-leyes (del Consejo de Estado) tienen igual jerarquía que la ley, cuando la Constitución faculta únicamente a la Asamblea Nacional a promulgar leyes y, además, a revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado si se oponen a la ley o a la Constitución”, el que por otra parte en casi 38 años la Asamblea Nacional no haya nunca ejercido su derecho a “decidir acerca de la constitucionalidad de (los) decretos-leyes”, o “revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado”, solo se comprende a cabalidad si aceptamos que dicha constitución se ha hecho a la medida del imperante carismático, Fidel Castro.

Y es que en esencia dicha Constitución no consiste más que en una reescritura de las constituciones socialistas de corte soviético, redactada por los seguidores más próximos del líder carismático y bajo su directa supervisión, con el fin de obtener los beneficios de la pertenencia al CAME sin a la vez verse obligados a desprenderse de las particulares formas que ha terminado asumiendo el poder en la Cuba revolucionaria. De este modo todo lo que no este escrito allí para legitimar dicho poder carismático, o que pueda entrar en contradicción con el mismo, ha sido expurgado cuidadosamente de todo valor real. Como por ejemplo la grandilocuente declaración que es en sí el artículo 69 de la versión de 1992, que establece que “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

Tal declaración carece de la más absoluta realidad, si comprendemos no solo que reuniéndose a lo sumo una semana al año es imposible ejercer semejante poder, sino también que por el actual sistema electoral, que impide el surgimiento de otras figuras políticas de alcance nacional independientes de las previamente existentes, la Asamblea se encontrará siempre, y por completo, en manos de poderes anteriores a su elección: el imperante carismático, y a quienes este tenga a bien designar para sucederle.

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