Atrapados en la Pirámide


La Ley nº 72 regula la elección de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, equivalente post-revolucionario de lo que los hispanohablantes hemos nombrado siempre concejales. Algunos extranjeros, y no pocos cubanos, consideran que esta elección es una sincera puesta en práctica de la más genuina democracia, participativa. ¿Es realmente así?

Los delegados, para abreviar, son nominados en asambleas de barrio que se convocan con este objeto. Según el artículo 81: “Todos los electores participantes en la asamblea tienen derecho a proponer candidatos”.  Las propuestas  son sometidas a votación directa y pública por separado, en el mismo orden en que fueron formuladas. Cada asamblea solo puede nominar a un candidato, aquel que obtenga el mayor número de votos entre los propuestos. En caso de que en todas las asambleas de una circunscripción electoral nominen al mismo candidato, en la última asamblea de la misma se procede a nominar un segundo. Son estos candidatos los que son luego sometidos a votación secreta entre los ciudadanos con derecho a hacerlo.

Hasta aquí todo parece funcionar. Un grupo de factores, sin embargo, lo impiden en la práctica.

En el estado cubano, por ejemplo, los recursos son siempre administrados según altos fines, según el artículo 5 de la vigente Constitución de la República, los de “la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. En semejante concepción es claro que el delegado carece de autonomía. Solo resulta un obrero más en la consecución de dichos fines, a los cuales debe rendir sus deberes representativos hacia sus electores, siempre que entren en conflicto con aquellos.

Esto que podría parecer no tan grave, ya que en apariencias los conflictos de intereses entre los altos fines y los de los barrios no deberían ser tan abundantes, es la causa directa del poco prestigio que tiene entre los electores la labor del delegado. La razón es evidente. Si hay altos fines debe de haber también quienes los definan e interpreten: En nuestro caso toda una serie de instituciones y mecanismos verticales que gravitan sobre el llamado Poder Popular, y sobre los que este último no tiene posibilidad real de influir. En un final humanos que ejercen un poder incontrastable, y que como tal tenderá a crecer y crecer, en el intento de someterlo todo a su discreción.

En consecuencia los delegados resuelven muy pocos problemas del barrio, ante una administración de recursos ejercida desde “arriba”, en base a criterios estratégicos que teóricamente no tienen porque coincidir con los de sus electores y en la práctica rara vez lo hacen.

Debemos añadir que las instituciones y mecanismos verticales no son más que las nuevas formas de un viejo poder, anterior a la actual Constitución que instituye los Poderes Populares y los delegados. De hecho la Ley de Leyes, que no fue consensuada por una Asamblea Constituyente pública, electa por la ciudadanía, sino producto de una comisión designada por el gobierno precedente, no es más que el recurso mediante el cual dicho poder se ha asegurado en el papel de guardián de los fines, a la vez que se daba cierta imagen de institucionalidad democrática y participativa a la vida política nacional.

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