Cambio social y la perspectiva constitucional: Retos y perspectivas


Cuba se encuentra sumida en una grave crisis estructural y vivencial. Medio siglo de un fallido experimento que ha colocado a nuestra nación en un estado de depauperación material, moral y cultural hace imprescindible un proceso de profundas transformaciones que devuelva al  país a los cauces del Estado de derecho, basado en el respeto irrestricto a la integridad y dignidad de todos los ciudadanos sin distinción, amén de la incorporación de una sólida cultura constitucional y de respeto a la ley.

Muy a pesar de que a través de nuestra historia nos hemos dotado de magníficos textos constitucionales que se han convertido en objeto de admiración y referencia global, ese espíritu no logró penetrar en la conciencia y el ánimo de las clase política y de los ciudadanos; tales carencias abrieron el camino a la instauración de estructuras de poder totalitario, anulador de libertades y espacios de desenvolvimiento cívico y político.

Parece innegable que la reconstrucción nacional debe estar asentada en la más adecuada definición constitucional. Muchos de los actores políticos comprometidos con los cambios en Cuba coinciden en la trascendencia y el alcance de esta perspectiva constitucional para la adecuada transformación de nuestro país en una sociedad moderna con libertades reconocidas, justicia e igualdad.

Está vigente el debate sobre que vía debe conducirnos a esa tan necesaria restructuración institucional.

Unos actores continúan apostando por la restauración de la Constitución de 1940, bajo el criterio de que esta cuenta con todos los mecanismos instrumentales para sentar las bases de la reconstrucción nacional. Sin embargo esta opción dependería de la ocurrencia de un vacío de poder —posiblemente vinculado a un caos o estallido social para los cuales Cuba no parece estar preparada— que no creo que llegue a producirse.

Otro criterio favorece la celebración de una asamblea constituyente destinada a elaborar una nueva Carta Magna. Esta opción requiere también de la existencia de determinadas condiciones socio-políticas como la voluntad política de quien detente el poder y sobre todo de una cultura cívica y política que garantice un proceso ejemplar y un positivo resultado institucional. Considero que lamentablemente no contamos con esa cultura cívica, lo cual implica la necesidad de una profunda e intensa cruzada educativa para revertir los retrasos y lagunas que acumulamos en cuanto al conocimiento y la praxis cívico-política.

La tercera posición promueve la reforma de la constitución vigente, en un proceso que desde “la ley a la ley” vaya operando las adecuaciones que conformen un texto constitucional acorde con las necesidades de un Estado plenamente comprometido con los valores universalmente reconocidos. Esta variante reviste algunas particularidades, como son las de conceder papel determinante y alta responsabilidad a las autoridades en plaza, y las de aportar altas cuotas de gradualidad y estabilidad en el proceso.

Personalmente consideraría muy positiva la elección y establecimiento de una asamblea constituyente que nos dote de una Carta Magna acorde con nuestras necesidades y en consonancia con los más modernos avances de la teoría y práctica institucional modernas. La asamblea constituyente propiciaría la participación de los ciudadanos, los cuales se verían comprometidos como protagonistas directos en la necesaria restructuración institucional, además de convertirse en la primera elección libre y real en más de medio siglo.

En este caso sería muy importante lograr una adecuada representación en la asamblea, donde puedan estar encarnadas todas las fuerzas y alternativas que reflejen la natural diversidad de la sociedad cubana, lo cual implicaría crear condiciones de transparencia,  debate abierto,  igualdad de espacios para todos los proyectos y candidaturas. Tal escenario condicionaría que las autoridades cubanas renunciaran de plano a mucha de su hegemonía por tanto tiempo acumulada para embarcarse en un proceso de confrontación política para el cual no parecen estar preparadas.

Cualquiera de los dos primeros escenarios —la restauración constitucional o la convocatoria de asamblea constituyente— serían resultado del establecimiento de un escenario nuevo que no veo factible a mediano plazo.

A pesar del ostensible e irreversible fracaso del modelo sociopolítico impuesto por más de medio siglo, el gobierno cubano mantiene estricto control político y social. Paradójicamente, aunque las autoridades de la Isla han roto su parte del contrato social establecido y se muestran incapaces y desinteresadas en cumplir sus responsabilidades de proveer y brindar garantías jurídicas y sociales, no hay crisis de gobernabilidad en Cuba.

No obstante el creciente descontento y rechazo que se manifiestan en la sociedad hacia las posiciones y medidas del gobierno, los ciudadanos no están en capacidad de demandar los cambios o presionar a las autoridades en busca de la necesaria transformación estructural.

El férreo control sobre todos los espacios económicos y sociales, la precaria situación económica que mantiene a los ciudadanos en condición de extrema dependencia de ese control, el dominio total de los mecanismos de información y difusión, la ventajosa utilización del recurso fascista del enemigo externo que ha permitido al liderazgo de La Habana satanizar a la oposición  como instrumento de la política norteamericana hacia Cuba y rechazar toda posibilidad de reconocimiento a actores independientes y alternativos, todos constituyen elementos y sólidos soportes a la estabilidad del poder de un régimen que condena a la nación a un total desastre.

Por otra parte muchos actores internacionales parecen apostar solo por la estabilidad que puede garantizar ese férreo control gubernamental  y colocan en un segundo plano la grave situación de derechos humanos y ausencia de garantías jurídicas que sufren los ciudadanos en todos los ámbitos de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que un poder por tanto tiempo extendido y con sus mecanismos de control, coerción y represión tan bien estructurados y con ambientes internacionales que favorecen sus diseños de dominación y continuismo, resulta muy difícil de ser removido o presionado a operar transformaciones capitales, en un país donde además la sociedad civil independiente no cuenta con la solidez y los espacios que le permitan convertirse en un elemento de beligerancia y presión política.

Personalmente considero que la opción más factible y realista en las condiciones actuales y perspectivas es la reforma constitucional a partir de la Constitución de 1976,  la cual debe inscribirse como un paso superior y definitorio en el proceso de las hasta ahora insuficientes transformaciones que de manera infructuosa tratan de salvar el sistema.

El deterioro insoluble de un proyecto económico fallido en su propia esencia, el fracaso de las soluciones paliativas, con la consiguiente decepción y desesperanza de los ciudadanos, el relativo fortalecimiento de la sociedad civil en creciente vínculo con la ciudadanía y un adecuado ambiente internacional pueden impulsar la transformación constitucional encaminada a modernizar paulatinamente las  estructuras institucionales.

El proceso, mucho más lento y gradual que lo tradicionalmente imaginado, no estará originado en un improbable derrumbe o en la jamás demostrada voluntad política de cambio de las autoridades cubanas, si no en la incapacidad de estas para darle continuidad a un sistema sin horizontes ni alternativas y en la manera en que las fuerzas comprometidas con la idea de cambio democrático sepamos jugar un roll decisivo en este proceso.

No debemos perder de vista la enorme capacidad de maniobra que conservan las autoridades cubanas como líderes de un proyecto fracasado sin posibilidades de reciclaje o recomposición. Mientras cuenten con el pretexto de la política norteamericana y se presenten como seguros garantes de esa estabilidad que tanto aprecia la comunidad internacional, tienen a su disposición una amplia gama de opciones que van desde medidas de real liberalización económica hasta importantes adecuaciones jurídicas destinadas a atenuar posibles tensiones y conmociones sociales.

Las fuerzas pro democráticas debemos asumir el reto de saber aprovechar cada debilidad del sistema y cada espacio que se abra para preparar a los ciudadanos como agentes protagonistas del cambio, capaces de disfrutar y asumir la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad, sobre todo en un escenario tan complejo donde el poder establecido no se desmonta de un plumazo, si no en un más o menos largo proceso de complicadas transformaciones.

Los gobernantes cubanos acumulan mucho poder y muchos intereses y han generado demasiados traumas y rencores para permitir la generación de un caos político o entregar mansamente el poder. Los demócratas de dentro y fuera de Cuba debemos demostrar la capacidad intelectual y política de actuar en esos escenarios mucho más complejos de transformación, y lograr impulsar un proceso que nos lleve de la ilegítima institucionalidad post totalitaria al estado de derecho tan largamente anhelado, proceso que en mi modesta opinión debe estar fundamentado en el más irrestricto respeto a la dignidad e integridad de los individuos y en la reconciliación de todos los cubanos.

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